Bogotá, D. C., 24 de diciembre de 2025.
ASOVAPE – Asociación Colombiana de Vapeadores, ante la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social y el anuncio de posibles medidas tributarias extraordinarias, manifiesta su profunda preocupación por el eventual incremento de impuestos a los productos de administración de nicotina de bajo riesgo —como los cigarrillos electrónicos o SEAN (vapeadores) y otros productos sin combustión—, planteado como respuesta a necesidades fiscales inmediatas.
Si bien el país enfrenta retos económicos que deben abordarse con seriedad y responsabilidad, la solución no puede consistir en imponer cargas desproporcionadas que terminen afectando a los consumidores adultos que han logrado dejar el cigarrillo o reducir significativamente su consumo gracias a estas alternativas. Elevar abruptamente el precio de estos productos puede empujar a miles de personas hacia dos escenarios indeseables: la recaída al consumo de cigarrillos combustibles o la migración al mercado ilegal, donde no existen controles de calidad ni trazabilidad.
1) Afectación a quienes dejaron de fumar
Muchos usuarios adultos recurren a estos productos como herramienta para abandonar el tabaco, luego de múltiples intentos fallidos con métodos tradicionales. Un aumento excesivo de impuestos puede traducirse en:
- Riesgo de recaída al consumo de cigarrillos, especialmente en población vulnerable al precio.
- Desincentivo para que fumadores actuales transiten hacia alternativas de menor riesgo.
- Desplazamiento al mercado informal, con productos sin verificación, sin garantías y potencialmente más peligrosos.
2) Fortalecimiento del mercado ilegal y mayor riesgo para menores
Un alza tributaria mal calibrada no elimina la demanda: la traslada. Cuando el canal legal se encarece, el canal ilegal se fortalece, y con ello aumentan riesgos graves para la sociedad:
- El mercado ilícito no aplica controles de edad, lo que incrementa el riesgo de acceso de menores de edad.
- Se pierde la capacidad de inspección sanitaria y trazabilidad, facilitando productos adulterados o de origen incierto.
- Se incrementa la informalidad y el contrabando, debilitando la seguridad pública y el recaudo real.
Proteger a niños, niñas y adolescentes exige lo contrario: un mercado legal robusto y controlable, donde el Estado pueda exigir cumplimiento, inspeccionar y sancionar.
3) Consideraciones jurídicas: necesidad, conexidad y proporcionalidad
La Constitución permite medidas extraordinarias en estados de excepción, pero exige límites estrictos. Cualquier decisión tributaria adoptada en este marco debe cumplir criterios de finalidad, necesidad, conexidad material y proporcionalidad, y respetar los principios del sistema tributario, como equidad, eficiencia y progresividad.
Medidas estructurales o desproporcionadas, adoptadas por vía excepcional, debilitan el debate democrático y pueden resultar contraproducentes si terminan aumentando la informalidad y reduciendo el control estatal sobre el mercado.
4) Derechos del consumidor adulto y seguridad del producto
Los consumidores adultos tienen derecho a acceder a bienes legales con calidad, seguridad e información, y a no ser empujados —por políticas fiscales desproporcionadas— hacia canales clandestinos donde esos derechos desaparecen. Un mercado ilegal implica ausencia de controles, ausencia de responsabilidad y mayores riesgos para el usuario y la salud pública.
5) Llamado al Gobierno
Solicitamos al Gobierno Nacional que cualquier medida tributaria sobre estos productos:
- Sea sustentada con análisis técnico público (impacto en recaudo real, informalidad y contrabando).
- Respete criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
- Fortalezca la lucha contra el comercio ilegal y la venta a menores.
- Mantenga controles efectivos en el canal formal, incluyendo verificación de edad e inspección.
- Se discuta en una mesa técnica y pública con participación de expertos, consumidores, academia y sector formal.
Colombia necesita soluciones fiscales responsables, pero no a costa de políticas que castiguen a quienes dejaron de fumar, debiliten el mercado regulado y terminen fortaleciendo economías ilegales. Reiteramos el llamado a que las decisiones adoptadas respeten la Constitución y protejan de manera efectiva los derechos de los consumidores adultos, la salud pública y la capacidad real del Estado para controlar el mercado.
ASOVAPE – Asociación Colombiana de Vapeadores