La regulación de productos de consumo de nicotina más seguros podría evitar millares de muertes anuales y a la vez promover el desarrollo socioeconómico en Latinoamérica. Sin embargo, varios países de la región van todavía en contra de esa perspectiva y durante más de una década han optado por el prohibicionismo, dejando de recibir importantes ingresos fiscales y tributarios y, lo más grave, perdiendo la oportunidad de promover el cuidado sanitario relacionado con esos productos de consumo.
En muchas ciudades de la región, se pueden encontrar fácilmente productos adulterados o copias de líquidos importados en cualquier mercado o feria, lo que representa un riesgo directo para la salud del consumidor y un problema inapreciable de salud pública. De hecho, en la mayoría de los países de Suramérica millones de consumidores siguen utilizando productos de vapeo no regulados y sin ningún tipo de control de calidad.
Las iniciativas de regulación en la región podrían garantizar la protección de la salud de un número creciente de vapeadores con una oferta de productos legales que cumplan con estándares de seguridad y calidad para minimizar o extinguir los problemas relacionados con los mercados ilícitos, además de contribuir a superar la crisis económica.
En esta serie de artículos se analizará la situación del vapeo en varios países de América Latina para conocer, de la mano de representantes de organizaciones de la sociedad civil, sus perspectivas actuales y futuras.
Causa evitable de muerte de 47.700 personas cada año
Pese a la reducción lineal y progresiva en el consumo de tabaco que se registra desde 2005, el tabaquismo sigue afectando la vida de aproximadamente 9.000.000 de argentinos. La más reciente encuesta realizada por la Secretaría de Gobierno mantiene al país como el segundo mayor consumidor de tabaco en América. Argentina se encuentra justo detrás de Chile y, con la prevalencia de consumo sobre el 22,2% en 2018, tiene además la tasa de reducción más baja de la región en la última década: 25%, en contraste con Chile, que ha reducido 44% y Paraguay, 47%.
De acuerdo con la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC), en general los argentinos empiezan a fumar a los 12 años de edad. Uno de cada cinco jóvenes entre 13 y 15 años fuma. Además, 6.000 personas que no fuman mueren como consecuencia de la exposición de segunda mano, y esa prevalencia tabáquica acaba con la vida de casi 48 mil personas al año.
Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) relacionadas con el tabaquismo, como las enfermedades cardiovasculares, el EPOC, la neumonía, ACV o cáncer, “son responsables del 73,4% de las muertes, del 52% de los años de vida perdidos por muerte prematura y del 76% de los años de vida ajustados por discapacidad”, revela la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.
Así, los cuadros clínicos más comunes que están relacionados con el tabaquismo tienen un fuerte impacto en la economía y el desarrollo del país. La cuenta anual de costos de salud pública asciende a los 2 mil millones de dólares y esto, sumado a todos los mecanismos implementados alrededor del tabaquismo, representa el 1,2% del PBI argentino. Además, los ingresos tributarios que ingresan por el sector del tabaco presentan un déficit de 63% para cubrir el gasto sanitario. Dicho de otra manera, el 7,6% de los gastos generales en salud del país se destinan a tratar las enfermedades que provoca el consumo de tabaco.
Bajo ninguno de los ángulos la cuenta cierra positivamente. Y pese a todas las evidencias a favor de las alternativas al tabaquismo para resolver problemas sanitarios y económicos, estas siguen estando prohibidas en el país. La batalla contra el tabaquismo basada en la prohibición es absolutamente conservadora y deja a los consumidores a su propia suerte.
11 años de prohibición del vapeo
Argentina es el único país de la región que no ha adherido al Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cuenta con 182 Estados Partes, pues aunque es firmante del Convenio desde 2003, no lo ha ratificado todavía.
A pesar de ello, el país sigue las principales medidas y recomendaciones de los expertos que rigen este dispositivo legal internacional: prohibiciones de publicidad, de consumo en locales públicos, incremento de precios para inhibir el consumo, combate al mercado ilícito de cigarrillos y restricciones o prohibiciones a las alternativas al tabaco. De este modo, además del conservadurismo de la agenda gubernamental, la modificación del repertorio legal se convirtió en la primera estrategia para contrarrestar el problema del tabaquismo.
El comercio ilegal de cigarros está presente en la vida cotidiana de los argentinos y sobre todo de los rioplatenses, quienes representan el 12% del consumo total de cigarrillos en el país. Por este motivo, en 2017 las arcas estatales gastaron cerca de 82 millones de dólares y en 2020 se estimó el consumo de un 22% el volumen total del comercio de cigarrillos irregulares.
Pero el mercado ilegal de productos de consumo de nicotina no se reduce al tradicional y dañino cigarrillo. La disposición 3226 de 2011 es la culpable del accidentado camino que han sufrido en la última década no solo el tabaco, sino su alternativa: el vapeo, que se ha convertido en una práctica ilegal. Tanto la venta como el uso de vaporizadores están prohibidos en todo el territorio argentino, y la restricción incluye la importación de equipos, líquidos o accesorios.
Aunque no hay una persecución activa en contra de los usuarios, la fiscalización busca limitar al máximo la accesibilidad y asequibilidad de los productos relacionados con el vapeo. En consecuencia, la comunidad vapeadora argentina contraste con los más de 10 millones de fumadores. Una encuesta realizada en marzo de 2020 por el Ministerio de Salud de la Nación identificó que de las 29.224 personas encuestadas el 1,1% eran usuarios duales y el 0,2% eran consumidores exclusivos de cigarrillos electrónicos.
El mismo estudio esclarece que los adolescentes ‘saben’ lo que es el vapeo: el 41,8% está seguro de que es algo menos nocivo que fumar, el 11,3% aún cree que es igual de nocivo que los cigarrillos tradicionales, el 7,3% lo percibe más nocivo y el 39,7% no está seguro de su nivel de riesgo. El segmento analizado cuenta con la opinión de 1.453 estudiantes entre 13 y 15 años, de los cuales tristemente el 18% (del 61,3% que se atrevió a responder) son consumidores activos de cigarrillo, el 7,1% son usuarios duales y solo el 3,7 consume solo cigarrillos electrónicos.
El papel de la sociedad civil organizada
Es claro que el camino de la industria y el comercio del vapeo en Argentina ha sido complicado gracias a las políticas afanadas que frenaron el avance de esta tecnología en la comunidad. El error más notable es el de equiparar al cigarrillo tradicional con el electrónico, sometiendo a un sector diferente a prohibiciones carentes de sustento.
Sin embargo, pese a las restricciones en marcha desde 2011, la Asociación Argentina de Vapeadores (ASOVAPE Argentina) estima que el mercado del cigarrillo electrónico del país continúa en crecimiento desde 2018. Las estimaciones del tamaño del mercado en ese año rondaron los 40 millones de dólares, y para mediados de 2021 se registraron ingresos de hasta 73 millones de dólares.
“Los argentinos parecen estar familiarizados con el vapeo y, mejor aún, su percepción general sobre su seguridad engrosa la mayoría. Es por esto que es urgente una legislación exclusiva y diferencial, enfocada en la reducción de riesgos y daños, así como una fiscalización coherente que invite al fumador a cambiar y, por qué no, a futuro, dejar completamente el consumo de nicotina”, comenta Juan Facundo Teme, presidente de ASOVAPE Argentina.
Fundada en 2020, ASOVAPE Argentina es una entidad sin ánimo de lucro enfocada en la consolidación de la comunidad y en llevar a los fumadores el mensaje de una alternativa menos nociva o peligrosa. La asociación está conformada por vapeadores, a quienes representa en el campo. “Todo aquel que apoye esta idea es bienvenido”, nos recuerda vía telefónica Teme, quien dentro de su equipo de trabajo cuenta con Martín Scalese, vicepresidente, Milton Klun, prosecretario, y Aylen Van Isseldyk, en la secretaría general.
ASOVAPE Argentina usa sus redes sociales como plataforma para comunicarse con los fumadores, vapeadores y el público en general que esté interesado en la reducción de daños y en la opción del vapeo. “Nos pueden contactar tranquilamente, estamos dispuestos a responder ‘a todo’”, concluye Teme. “Adicionalmente, en la página web se encuentra información basada en evidencia sobre política regulatoria y es posible contactarse con nuestro equipo directamente”.
Juan Facundo afirma que en 2022 ASOVAPE estará enfocada en la consolidación y el avance firme en los asuntos parlamentarios, procurando cambiar el enfoque con el que la Asamblea trata a la industria del cigarrillo electrónico y lograr que la reducción de daños por tabaquismo se convierta en un tema de interés público que trascienda las barreras politiqueras.
Adicionalmente, la asociación pretende desarrollar un programa científico local con la intervención participativa de alguna entidad de educación superior que tenga la capacidad de evaluar la coyuntura del vapeo. “Consecuentemente, se podrían lograr estudios locales más significativos que puedan respaldar la seguridad del vapeo, para así generar conciencia colectiva y política alrededor de la reducción de daños por tabaquismo”.
Para conocer a la asociación: www.asovapeargetina.org
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